En mayo pasado, al entregar la memoria del año judicial al Parlament, el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Balears, Carlos Gómez, manifestó que «hemos aumentado nuestra productividad en todos los órdenes judiciales excepto en Contencioso Administrativo». Gómez destacó que, a pesar de las enormes carencias que dificultan el trabajo de la Administración de Justícia en el archipiélago, el 2021 se consiguió la disminución de un doce por ciento en los asuntos pendientes, la mayor nunca registrada.
La jurisdicción Contencioso-Administrativo constituye, desde hace años, la gran asignatura pendiente, el agujero negro de la Justicia en Balears, con un atasco crónico y demoras cada vez mayores. Los juzgados de lo Contencioso de Palma -porque Menorca y Eivissa carecen de estos órganos- ya están señalando juicios para mayo de 2025, cuando en mayo de 2021 se fijaban para noviembre de 2023. Ha crecido.
Los ciudadanos tienen derecho a una respuesta rápida en sus litigios contra la Administración, en caso contrario la Justicia no es justa. No es admisible que, en Balears, la resolución de los contenciosos se demore cinco años. Govern, ayuntamientos y consells han de estar sometidos, en un Estado de Derecho, al arbitrio de la Justicia y cumplir el principio de legalidad. En caso contrario gana la inseguridad jurídica.
