Una de las principales exigencias de la Unión Europea a España para recibir los recursos Next Generation UE consiste en reordenar el confuso sistema fiscal para conseguir la suficiencia económica que garantice una prestación eficaz de los servicios públicos. El informe de 800 páginas entregado en marzo pasado por el ‘comité de sabios’ nombrado por el Gobierno para definir esta reforma fiscal advierte que es necesario un ajuste, previo y racional, del gasto público.

La propuesta de los expertos incluye la modificación de la capacidad normativa de las comunidades autónomas con el objetivo de «mantener la coordinación» en todo el territorio español. Ante las convocatorias electorales del próximo año, asistimos a una guerra fiscal entre autonomías, que constituye un desafío al Gobierno PSOE-Podemos. Las reducciones aprobadas por Madrid y Andalucía, gobernadas por el PP, suscitaron enorme inquietud entre las autonomías donde gobierna la izquierda, y especialmente entre los barones socialistas. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig (PSOE), deflacta la cuota autonómica del IRPF para reducir la carga fiscal que soportan las clases medias. Corresponde al Gobierno convocar a los gobiernos regionales para pactar la reforma y evitar agravios entre las comunidades. Balears debe pronunciarse y participar.