El Gobierno PSOE-Podemos espera aumentar los ingresos fiscales en 3.140 millones de euros el próximo año con un nuevo impuesto sobre el patrimonio y aumentos del impuesto de sociedades y de las plusvalías. Ante la demanda de los consumidores de rebajar el IVA de los productos básicos, tiene previsto reducir el impuesto de los tampones y los preservativos, pero no contempla cambiar la fiscalidad de los alimentos.

Asociaciones empresariales, como Foment del Treball; comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, y Vox expresaron su desacuerdo. Foment del Treball calificó de «inmoral, populista y demagógico» el impuesto que gravará la riqueza superior a tres millones de euros. El gobierno autonómico de Madrid los tildó de «hachazo fiscal»; y Vox advirtió que no serán temporales. Al mismo tiempo, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado señaló que España necesita una reforma fiscal en profundidad, y «no de parches de corte electoralista». También se bonificará el IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros, lo que beneficiará a la mitad de los trabajadores. Estas decisiones generan controversia, como denuncian    los técnicos del Ministerio de Hacienda al criticar que «marginen» el refuerzo de la lucha contra el fraude y la evasión para aumentar la recaudación. Son medidas necesarias que no puede retrasar el Gobierno.