La presidenta del Govern, Francina Armengol, abrió ayer el último debate de política general de esta legislatura con el anuncio de un ambicioso plan de ayudas valorado en 200 millones de euros. El objetivo de este ‘escudo social’, como lo definió Armengol, consiste en contrarrestar los efectos de la inflación en Balears.
Las medidas dadas a conocer ayer, que se aplicarán durante el 2023, una vez aprobados los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, quieren dar respuesta a los problemas que provoca la progresiva pérdida de poder adquisitivo por el alza de los precios. Para ello el Govern prevé destinar 200 millones de euros a varias líneas de ayudas públicas de una enorme transversalidad. Ante las previsiones de desaceleración e incluso de recesión de la economía de Balears en 2023, el Goven quiere transmitir la sensación de amparo a la ciudadanía.
Hasta el momento Francina Armengol ha rehuido el debate sobre la rebaja de impuestos en las autonomías, un tema que con seguridad pondrá hoy la oposición sobre la mesa en la segunda jornada de este debate. Más allá de los enfrentamientos coyunturales, nacidos al socaire de un escenario preelectoral ya muy cargado, es preciso aclarar quién y de qué manera se financiarán esos 200 millones en nuevas prestaciones públicas que han de llegar a los ciudadanos del archipiélago.
