El informe que acaba de presentar el Consell Econòmic i Social de Balears recoge una realidad preocupante: el 31 por ciento de las familias de las Islas no está en condiciones de afrontar gastos imprevistos. Ello significa que no tiene la más mínima capacidad de ahorro. La situación se agrava porque un 20 por ciento de los menores de 29 años se encuentra en un riesgo de pobreza. Al mismo tiempo, se registran unas excesivas tasas de paro juvenil. Todo ello provoca malestar social.
Este informe se conoce cuando Balears cierra una gran temporada gracias a la recuperación del turismo. Por ello, sorprende el deterioro socioeconómico que revela el CES. Las Islas han rozado el pleno empleo, pero la remuneración salarial sigue siendo muy ajustada para afrontar la severa inflación que sufrimos. A medida que aumenta el IPC disminuye el poder adquisitivo de las empresas y la competitividad de las empresas de Balears.
La batería de ayudas que anuncian el Gobierno y otras administraciones tendrán un efecto limitado para capear el temporal. El gobernador del Banco de España ya ha retrasado hasta el 2024 la aparición de los primeros síntomas de reactivación económica; un plazo excesivo para las maltrechas economías familiares y las empresas, castigadas por la pandemia. Balears no se escapa de esta crisis que provoca incertidumbre.
