La iniciativa del PSOE y Unidas Podemos para eliminar el actual delito de sedición y transformarlo en desórdenes públicos agravados abre un gran debate político. El cambio supone pasar la condena de quince a cinco años, una modificación que los promotores justifican para equiparar la legislación española a países europeos con figuras similares.

Las formaciones de la oposición –PP, Vox y Cs– critican con gran dureza este anuncio, que también es contestado por barones socialistas como los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha. Sánchez quiere aprobar una exigencia de Esquerra Republicana de Catalunya para que siga dando su apoyo al Gobierno. Los socialistas están en minoría y precisan de votos externos. Este es el trasfondo de la arriesgada decisión.

La incomodidad que provoca en amplios sectores de la sociedad española –incluido el colectivo judicial– pone a prueba el liderazgo de Pedro Sánchez. Desencallar el conflicto catalán inflamado por las reivindicaciones del independentismo exige abrir un nuevo período en las relaciones institucionales de esta comunidad con el Estado, y para ello es preciso tomar iniciativas. Pero habrá que ver si la supresión del delito de sedición tiene el efecto balsámico que se le atribuye en la reivindicación independentista. Para ello hace falta tiempo y saber si el éxito culmina esta apuesta.