La entrada en vigor de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la del ‘solo sí es sí’, promovida con gran despliegue publicitario por la ministra de Igualdad, Irene Montero, está provocando graves consecuencias. El cambio de los tipos penales y la modificación a la baja, de las penas, ha ocasionado la excarcelación de condenados por delitos sexuales; dos de ellos en Balears. Montero ha calificado de ‘machistas’ a los jueces que han aprobado estas decisiones, pero el Consejo General del Poder Judicial y las cuatro asociaciones profesionales de jueces han rechazado de manera contundentes estas declaraciones de la ministra de Unidas Podemos. Lo ocurrido, que ya había sido advertido, es la consecuencia de pretender réditos políticos inmediatos con la reforma de leyes de enorme trascendencia y complejidad.

La norma, que debía evitar casos como el de ‘la manada’, se ha convertido, debido a su pésima y confusa redacción, en un coladero de rebajas de penas con la liberación de los implicados. La reacción de la ministra Montero es inaceptable porque los jueces están obligados a interpretar las leyes en beneficio de los reos; lo contrario contraviene el marco jurídico de España. El Ministerio de Igualdad, en lugar de lamentarse, debe impulsar las herrramientas para que los jueces puedan actuar contra la violencia sexual.