Con más de cuatro décadas de retraso, a partir de julio del próximo año, después de las elecciones municipales y autonómicas, Balears gestionará sus 1.500 kilómetros de costa. Acabará un anacronismo inaceptable que, en los últimos años, se ha convertido en un foco de conflictos por medidas erráticas e injustificadas. El ámbito competencial de Costas es especialmente sensible en las Islas. El litoral es una joya paisajística y medioambiental a salvaguardar, pero también es un espacio de creación de riqueza por su vinculación con el ocio y el sector turístico.
Por tanto, hay que clarificar qué quiere hacer Balears con sus costas, con medidas acertadas y transparencia en las decisiones. La experiencia de la Demarcación de Costas, como organismo de la Administración central, ha sido nefasta. Asumir las competencias de Costas por el Govern debe suponer el inicio de una nueva etapa y un punto de inflexión definitivo para acabar con el oscurantismo. También es cierto que aproximar el centro de decisión a los ciudadanos puede generar tensiones, más cuando el litoral tiene un alto valor económico. Con la transferencia se gana en proximidad y en conocimiento sobre las necesidades e impacto de cada una de las iniciativas, por eso la transferencia ha de venir acompañada con la correcta dotación financiera y de personal. Hay mucho en juego.
