La formación de un grupo de expertos, auspiciado por el Govern, para que valore las opciones que permitan limitar las operaciones inmobiliarias de extranjeros en Balears constituye un gesto político ante lo que parece un muro insalvable: los tratados de la Unión Europea en vigor. Las excepciones, que afectan a unos pocos enclaves, fueron negociadas por sus países antes de incorporarse a la UE. Pretender modificaciones posteriores, como sería el caso de Balears, nunca se podrá hacer de manera unilateral.
Las aportaciones del Govern, juristas de la UIB y la Abogacía de la Comunitat corren el peligro de convertirse en meras recomendaciones que, ahora mismo, no cuentan con la complicidad del Gobierno central. Todo indica que estamos ante una operación de fuegos de artificio que puede poner en peligro inversiones u operaciones de compraventa de inmuebles por parte de extranjeros. Un elemento más que añadir a la inseguridad jurídica tantas veces denunciada.
La preocupación por la escalada de los precios del mercado inmobiliario es lógica, pero la presión de la inversión extranjera es un factor más a tener en cuenta; sería un error plantearlo como eje central del problema. Discriminar a los ciudadanos extranjeros, en especial de la UE, puede generar una dinámica peligrosa e indeseable para los intereses generales los ciudadanos.
