Editorial16/12/22 4:00
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Los médicos y enfermeras de la sanidad pública de Balears han quedado exentos de acreditar su conocimiento del catalán, lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, como requisito previo para su contratación. También se ha derogado el plazo de dos años para acreditar un nivel básico de conocimiento del idioma propio de las Islas. El Govern justifica esta  decisión en la necesidad de cubrir las plazas vacantes con profesionales de otras regiones españolas e incluso del extranjero. La actual situación perpetúa un marco privilegiado para el personal del IB-Salut. Los diferentes gobiernos autonómicos lo aceptan para atender una demanda asistencial creciente.

Del mismo modo que resulta difícil de justificar la no contratación de un médico o una enfermera por el desconocimiento del catalán, también resulta incomprensible que prolongue lo que es una clara lesión de los derechos lingüísticos de los pacientes. Por respeto a la ciudadanía, el Govern debe afanarse en resolver este conflicto social. Hace un año que el Tribunal Supremo ya advirtió de que la ‘normalización lingüística’ de los médicos y enfermeras debía canalizarse mediante una ley y no un decreto, vía sobre la que no se ha avanzado, con las necesidades que ya se desbordan el sistema sanitario público. Se trata de respetar y aplicar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos de Balears.