El Govern aprobará el lunes una norma que liberalizará la concesión de licencias de taxi temporales en Balears. Cada ayuntamiento fijará el número en funciones de las necesidades de su municipio. Con esta medida se pretende evitar el colapso que se produjo durante la temporada turística del pasado año, con demoras y falta de taxis en las paradas, lo que ocasionó numerosas quejas.
La ampliación de la oferta del servicio de taxi, junto con el transporte discrecional, debería resolver una demanda que se multiplica en los meses de verano. Sin embargo, hay un aspecto que también debería quedar garantizado para los consumidores y es la calidad del servicio y su distribución territorial: la concesión de las licencias temporales –hasta ahora vetadas– no debe suponer un menoscabo para los usuarios. Permitir dar estas autorizaciones a los ayuntamientos debe implicar un eficaz servicio de control, desde el estado de los vehículos hasta la capacitación de los profesionales y el cumplimiento estricto de los horarios.
Abrir el grifo de las licencias no garantiza que se resuelvan las actuales carencias del servicio, un modelo de transporte indispensable para miles de residentes y cuyas quejas están más que justificadas. Este año constituirá un severo examen sobre la eficacia de la estrategia del Govern para resolver el conflicto.
