Editorial06/03/23 4:00
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La ministra de Justicia, Pilar Llop, afirma    que el traspaso de Justicia a Balears «ahora mismo no es una cuestión que esté sobre la mesa». Para justificar esta decisión política,    sostiene que las transferencias deben hacerse «en momentos adecuados» y «teniendo claro cuál es el objetivo». Balears sigue siendo una de las pocas autonomías, junto con las dos Castillas y Extremadura, a las que ha no se ha traspasado la gestión de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Catalunya, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia.    En este sentido somos una autonomía de tercera con el incumplimiento de lo que prevé el Estatut d’Autonomia.

El 40 aniversario de la aprobación de la norma estatutaria es un buen momento para reclamar esta competencia y desarrollar la reforma del Estatut de 2007. El sentido común aconseja acometer y concluir lo que aún no se ha desarrollado ni llevado a cabo. Somos una de las autonomías peor financiadas por el incremento de la población, que impacta sobre los servicios públicos, y porque los sobrecostes de insularidad siguen sin estar compensados.    La cuestión de fondo en la Administración de Justicia de Balears es la falta de medios humanos, recursos e infraestructuras, como denuncian jueces, fiscales, abogados y procuradores. Esta es la primera cuestión a resolver antes de negociar y aceptar el traspaso de esta competencia.