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La presidenta del Govern, Francina Armengol, anunció ayer un plan para reconvertir hoteles obsoletos en viviendas sociales. La medida, dotada con 16 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea, pretende sacar del mercado una oferta de alojamiento que daña la reputación de Balears como destino turístico de calidad. La idea no es nueva, porque en 2003, hace dos décadas, se derribó el hotel Ditos de Cas Català (Mallorca) con cargo a la recaudación de la ecotasa para abrir un mirador sobre la playa. Desde entonces todas las acciones han sido puntuales. Una acción eficaz requiere de intervenciones muy precisas y costosas, además de las dudas que plantea la posible reconversión de estos edificios en viviendas sociales.

Da la impresión que se ha vuelto a pecar de un exceso de voluntarismo en una cuestión tan necesaria como delicada.    La dotación de 16 millones de euros con la que la presidenta Armengol dijo que se pretendía poner en marcha el proyecto es insuficiente, más si se tiene en cuenta la magnitud del problema. Estamos ante una iniciativa testimonial. El Govern debe arbitrar un plan financiero solvente y comprometer a empresarios e instituciones si se quiere dar credibilidad y llevar a cabo esta iniciativa, que exige un plan riguroso, dotación presupuestaria y con perspectiva interinsular.