La crisis institucional en la Fiscalía se ha trasladado a Balears

La decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Julio Cano Antón como fiscal superior de Balears traslada a las Islas la crisis institucional del Ministerio Público. Su máximo responsable, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha sido imputado por revelación de secretos. Es el tercer revés judicial a la política de nombramientos de cargos discrecionales, un golpe a García Ortiz en la cara de Cano. La Fiscalía de Balears no vive una situación similar desde el plante de fiscales que provocó la salida en el año 2002 de Antonio de Vicente Tutor. Cano salta por la falta de consulta al Consejo Fiscal sobre una posible incompatibilidad para el cargo dado que su pareja ejercía también como fiscal en las Islas. El Estatuto Fiscal marca un duro régimen de incompatibilidades que impide ejercer una jerarquía inmediata sobre «sus parientes, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, o su cónyuge, o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad». Queda en el aire saber cómo se gestiona la interinidad que genera esta sentencia. El primer paso, determinar si Cano puede ser candidato y si puede ser elegido de nuevo. Mientras, hay que establecer quién es el jefe temporal. Lo deseable es que esta crisis se solucione y cierre con rapidez por el bien de la institución.