La segunda reunión, que este próximo lunes celebrará la comisión que analiza el abastecimiento de agua potable a Maó, tras la crisis política que zarandeó al gobierno de Héctor Pons, contará con la participación de responsables de la empresa concesionaria, Hidrobal. Pero será una asistencia puntual, porque el PSOE, que desempeña el gobierno municipal en minoría, veta a Hidrobal para que forme parte de este organismo.
No se comprende este rechazo por varias razones. En primer lugar, porque lo ha solicitado expresamente. También porque la empresa concesionaria es un agente principal, que tiene mucho que decir, aportar y explicar en todo lo relacionado con el suministro de agua a Maó. Y, por último, por una cuestión de transparencia, lealtad y para evitar que se puedan ocultar, manipular, tergiversar o malinterpretar datos.
Hidrobal ha de formar parte de la solución y aplicar con eficacia y rapidez las medidas que se acuerden para mejorar el abastecimiento de agua. Más allá de cuestiones formales que pueda invocar el gobierno municipal en un informe de Secretaría, la decisión, que adquiere gran relevancia, es política. El problema exige acuerdos amplios con todos los agentes implicados.
