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La presencia de caravanas estacionadas en distintos espacios públicos se ha disparado estos últimos años. Un fenómeno que coincide con la crisis habitacional que afecta a Balears y de la que Menorca no se escapa. Con cada vez menores posibilidades de acceder a una vivienda digna, es una evidencia que en muy poco tiempo se ha multiplicado el número de personas –en algunos casos, familias enteras– que viven en el interior de una caravana. Vecinos de zonas como Sa Coma de Ciutadella han denunciado el incremento de este tipo de vehículos y que apenas encuentran plazas para aparcar. Pero es preciso reconocer que muchas personas que viven en unas caravanas no tienen otra opción y debido a su precaria situación económica no pueden costearse un piso en alquiler y menos en propiedad. Es preciso adoptar medidas y ordenar esta práctica.

En Menorca sería deseable un acuerdo de los ocho municipios que el Consell debe promover y materializar en el seno de la Junta de Alcaldes. La decisión más rápida consiste en la prohibición, pero hay que valorar su eficacia y acierto, pros y contras. Sin duda, una opción mucho más acertada pasa por habilitar y determinar los espacios autorizados para que los caravanistas puedan estacionar y vivir. Evidentemente, en unas buenas condiciones de salubridad y a cambio de un peaje.