Debate político sobre el agua de Maó y gestión para resolver el problema

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La crisis del agua en Maó es una moneda con dos caras. Por una parte, la gestión para resolver el problema de potabilidad, y por otra, el debate político. En este segundo aspecto se inscribe la auditoría informática, cuyo resultado se ha conocido esta semana.    No hay novedades destacadas. Se constata lo que ya se sabía: que se cometió un error al no abrir el correo con el informe de Hidrobal con la advertencia de    graves deficiencias en la planta desnitrificadora y que el agua suministrada no era potable. Ese error ya se tradujo, aunque no de forma inmediata, en la renuncia de la concejala responsable Dolores Antonio, asumiendo sus responsabilidades el gobierno municipal. Si la auditoría debía aclarar otras cuestiones, la conclusión es que ni el alcalde Héctor Pons ni ningún miembro del equipo de gobierno abrió este informe.

El dato de que se abrió 23 veces se refiere al expediente y no al informe, al que tuvo acceso una única administrativa en nueve ocasiones y que no lo trasladó. El PP puede insistir en la estrategia de pedir responsabilidades políticas al alcalde. Está en su derecho. Sin embargo, ahora la gestión y la crítica deberían centrarse en resolver el problema de los nitratos para servir a los ciudadano el agua potable que están pagando.