El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, denunció ayer, en una comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el gran volumen de quejas sobre acoso escolar y lamentó que los protocolos oficiales de actuación se aplican cuando se ha producido un caso concreto y, en la mayoría de ellos, a petición de las familias. El acoso en las aulas no puede ser silenciado y ocultado.
Es una dura y dramática realidad que impacta con una fuerte incidencia en Balears, como confirma que el número de intervenciones de los policías tutores por casos de acoso grave en los centros docentes de las Islas subieron un 34 por cien durante el anterior curso, al pasar de 161 a 185. Pero hay que valorar un aspecto capital: un alto número de situaciones de acoso no son denunciadas o bien pasan desapercibidas. La prioridad debe consistir, por tanto en una rápida reacción para evitar los graves perjuicios y la estigmatización de los alumnos afectados.
Además de las necesarias reformas legislativas, hay que impulsar una educación en valores que empiece en casa -es relevante el ambiente familiar y el papel de los padres- y continúe en las aulas.
También hay que limitar el uso de los teléfonos móviles y la inteligencia artificial que muchos alumnos utilizan en sus tareas escolares, pero que también es una herramienta para cometer actos de ciberacoso.
