Editorial

El momento de aplicar el código ético en Balears

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Once personas detenidas en la operación Voltor, algunas de ellas altos cargos del Govern, nombrados por Unió Mallorquina, sitúa al ejecutivo balear en un punto crítico. La acumulación de imputaciones de miembros de UM, socio del pacto que gobierna las Islas, por casos de presunta corrupción, obliga a aplicar con rigor el código ético aprobado en diciembre. Hay que respetar la acción de la Fiscalía y la presunción de inocencia, sin embargo las consecuencias políticas son inevitables. El Govern aspiraba a tiempos más tranquilos, con la salida del diputado Vicens y la renovación de UM con Josep Melià en la presidencia. Sin embargo, algunos detenidos se alinean con el sector crítico del partido mallorquín, el que debe liderar el cambio, lo que abre nuevos interrogantes. El presidente Antich vuelve a tener sobre la mesa la opción de un gobierno en minoría, mientras promete mano dura con los políticos que serán imputados por nuevos casos de corrupción en la gestión del departamento de Turismo. Al margen de si las presuntas acciones corruptas se han cometido en esta legislatura o en la anterior, las medidas que se adopten deben orientarse a recuperar la confianza de los ciudadanos, sin duda decepcionados y cada día más escépticos.

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