La entrada en vigor del Decreto Ley que restringe el acceso de los inmigrantes 'sin papeles' a la Sanidad pública ha chocado con una fuerte oposición de los profesionales de la Isla. Además, existe desinformación entre los afectados, tanto en las excepciones como en los procedimientos que se han de seguir, y el rechazo de varias comunidades autónomas, creando todo ello un cierto estado de confusión. En Balears, la decisión del Gobierno se ha acatado, aunque el titular de Salud, Antoni Mesquida, garantiza la asistencia en los casos de urgencia, embarazo y menores.
El objetivo del Ministerio que dirige Ana Mato es racionalizar el gasto, optimizar los recursos y evitar los abusos, pero en este caso concreto ha apuntado a los más débiles o con menos recursos, sin olvidar que hasta hace poco muchos de ellos tenían trabajo y cotizaban a la Seguridad Social. En Menorca, los médicos dejan claro en nuestra edición de hoy que están ante un conflicto ético y deontológico. En este sentido, los facultativos consultados ya advierten que seguirán atendiendo a las personas que se encuentren en esta situación. Es evidente que el sistema sanitario español tiene graves problemas de financiación. Lo que es discutible es si medidas como ésta son las más afortunadas para solucionar el problema.
Editorial
Los médicos se enfrentan a un dilema ético
03/09/12 0:00
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