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Ayer se aplicó la nueva legislación en materia de tasas judiciales. A partir de ahora acceder a la justicia tiene un coste adicional, al que ya de por sí representa cualquier proceso. La reducción del número de litigios, por el efecto desmotivador de las tasas, puede producirse a costa de una pérdida de calidad del sistema judicial y de resultados injustos por razones económicas. La protesta casi unánime de todos los sectores relacionados con la justicia no ha conseguido parar la aplicación de la nueva legislación.
El ministro de Justicia debería haber atendido la importancia de la oposición profesional y abrir un periodo de reflexión. No ha sido así. En Menorca, es indicativa la opinión del juez decano, Bartomeu Mesquida, sobre la pérdida de derechos que representa la aplicación de las tasas. Si el objetivo es reducir la actividad en los juzgados, para superar su colapso y bajar el gasto, sin duda podrían haberse aplicado otras medidas que no representen un riesgo para los ciudadanos que esperan del ámbito judicial una resolución de conflictos con todas las garantías. La aplicación de la nueva legislación deberá valorarse en un plazo corto de tiempo, para comprobar sus efectos en la administración de justicia.