Rajoy y Rublacaba se han hecho la foto del pacto, tanto tiempo esperada. No hay duda de que esa imagen cotiza en los mercados, aunque habrá que ver el valor que alcanza. El resquicio abierto parece que ha de servir "solo" para ir juntos a Bruselas y para pactar la reforma de la Administración. Esta segunda cuestión se ha dejado para los postres de los planes reformistas, quizás porque es la que más afecta directamente a los partidos y a los profesionales de la política que encuentran acomodo en la Administración, sin necesidad de oposiciones previas.
Curiosamente, la "última" de las reformas coincide con el momento en que se ve una lucecita al final del largo túnel. Por eso, al presentar el proyecto desde la Moncloa se ha comentado la sorpresa de que el gasto público no es tan elevado como se pensaba. Además, se enfoca el objetivo reduccionista a las autonomías, a las que no se puede obligar a la amputación, si no aceptan operarse por voluntad propia. Y, por otra parte, las primeras medidas son de manual: suprimir fundaciones, empresas públicas, organismos autónomos, y pedir a las autonomías que no dupliquen servicios, como el caso del defensor del pueblo, una figura que existe en 12 comunidades. La mayoría de los puestos directivos de esta estructura están ocupados por personas de confianza, por militantes del partido gobernante, cuya continuidad depende del éxito electoral del líder, a no ser que se haya "consolidado" el puesto de trabajo.
Queda pendiente el ERE político, el que debe revisar el número de cargos electos. Algunos dicen que eso es "el chocolate del loro", por lo que podría representar en euros. Pero habrá que practicar con el ejemplo y dar prioridad a la calidad de la representación y no tanto a la cantidad.
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