El Gobierno aprobó el pasado 12 de julio la reforma energética, para atender varios objetivos, sobre todo la reducción del déficit. Sin embargo, las nuevas normas van a generar grandes dificultades a instalaciones de energías alternativas que ya están en funcionamiento. Los efectos locales van a ser muy negativos. No solo por la inseguridad jurídica que padecen los promotores de plantas fotovoltaicas con el cambio de reglas sin tiempo para haber amortizado la inversión, sino porque pueden provocar el cierre de alguna de estas instalaciones. La mayor planta solar, la de Son Salomó, está al borde del concurso de acreedores. Menorca está muy atrasada en la implantación de energías limpias. Solo un 2 por ciento de la electricidad que se consume tiene este origen, muy por debajo de la media estatal y a una enorme distancia de los objetivos que plantea el programa europeo Horizonte 2020 de alcanzar un 20 por ciento del consumo. La Administración, también la insular, debe atender estos efectos negativos de la reforma aprobada. Si su aplicación significa una paralización del desarrollo de las renovables representará un fracaso difícil de justificar. Menorca merece un trato específico. Para eso debería servir la declaración de Reserva de la Biosfera, para algo más que una fiesta de aniversario.