El Estatut d'Autonomia consagra a los consells insulars como «instituciones de gobierno que ejercer el gobierno, la administración y la representación de cada una de las islas». Extinguido aquel órgano del centralismo mallorquín que fue la Diputación Provincial, la arquitectura político-administrativa de nuestra comunidad autónoma, fuertemente marcada por el hecho insular, alcanza su punto de tensión en la relación competencial Govern de la Comunidad Autónoma-consells insulars.
Pero estas instituciones, con doble naturaleza -de administración local y también autonómicas- tienen en la financiación su particular tendón de Aquiles. Dependen de las aportaciones anuales del Govern balear, y por tanto necesitan una ley de financiación que garantice unos ingresos estables y sostenibles.
El presidente Bauzá se comprometió ayer a corregir los déficits de financiación de los consells, lo que constituye una decisión de gran calado porque la Ley de Financiación de los Consells, aprobada el 2002, tenía que haber sido revisada el 2007.
Menorca tiene ahora una excelente oportunidad para revisar la financiación del Consell, lo que exige un gran ejercicio de entendimiento Bauzá-Tadeo.
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