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La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament debatió ayer una proposición del PSOE para instar al Gobierno central a derogar el 'nivel 33'. Bajo esta eufemística denominación se esconde el plus vitalicio que cobran los funcionarios que han desempeñado cargos políticos.

Un extra que también se consolida en la nómina mensual de los profesores de la Universitat de les Illes Balears que han formado parte de la institución académica como vicerrectores. Hoy, la UIB es la única universidad pública de España que tiene reconocido y paga este criticado privilegio salarial.

La proposición socialista no prosperó al ser rechazada por los diputados del PP, quienes pidieron al PSOEque no consolide el nivel 33, al ser un complemento voluntario. La norma que regula este plus para funcionarios tiene carácter estatal, al estar amparada por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que entró en vigor en abril del 2007. Siete años después, no hay acuerdo para derogar el plus.

Afirma la diputada Lourdes Aguiló, del PSIB-PSOE, que «en tiempo de crisis no se puede consentir, por un criterio de ejemplaridad, que los funcionarios perciban retribuciones muy superiores o que no se correspondan con las establecidas para otras personas que ocupan el mismo puesto de trabajo». Tiene razón. Mientras, estaría muy bien que todos aquellos que reclaman la supresión de esta generosa retribución que amplía su salario, den ejemplo y hagan expresa renuncia de este sobresueldo, de acuerdo con el necesario criterio de austeridad. Así no habría doble discurso.

Por cierto, en Menorca hay al menos dos funcionarios de nuestro Consell insular que ya renunciaron, como hizo en su momento el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Serra, médico de profesión, que decidió no percibir este complemento después de haber sido conseller de Salud.