El Ministerio de Sanidad siempre se había resistido a dejar escapar el Lazareto de Maó. Paseando por sus jardines, escuchando el silencio y contemplando un mar como un espejo durante la visita realizada ayer junto con la comitiva del Consell, es fácil entender que los funcionarios no quisieran desprenderse del privilegio de pasar allí unas vacaciones exclusivas.
Una situación de injusticia que los menorquines habían denunciado durante años, demasiados, de parálisis y gestiones infructuosas. La imposibilidad de visitar este conjunto histórico, que como Bien de Interés Cultural declarado en 1993 debe obligatoriamente abrirse al público, había sido una queja recurrente también de turistas, que por fin en el verano de 2011 pudieron empaparse de la historia que encierran los muros del Lazareto.
El acuerdo para las visitas se firmó en marzo de ese año por la entonces ministra socialista Leire Pajín -que recibió críticas encarnizadas por su breve estancia en el islote-, y el entonces presidente del Consell, Marc Pons. Ahora es el gobierno del PP en Madrid el que finalmente ha firmado el traspaso y es el equipo de Santiago Tadeo el que podrá finalizar la legislatura con la titularidad de las instalaciones en su haber.
Pero el futuro del Lazareto debe pasar por la unidad de acción política, por ser un objetivo compartido y, desde luego, por la búsqueda de fórmulas que garanticen el mantenimiento que ha tenido hasta ahora, y que éste, necesariamente costoso, no se convierta en una carga para Menorca o en una excusa para el deterioro. Un reto importante, el de buscar soluciones y actividades, entre la administración pública y la iniciativa privada, que estén a la altura y sean compatibles con la belleza y riqueza histórica de este lugar.
