Se ha suicidado otra persona que iba a ser desahuciada. Ha sido en Zaragoza. La mujer tenía 43 años, vivía de alquiler, había perdido su trabajo, no podía pagar la renta y en unas horas llegarían para echarla sin ninguna alternativa. No pudo con ello, no encontró escapatoria y se mató a sí misma. Vivía en la calle Cereros desde hacía más de 30 años. Su nombre era Esther.
Se sigue ocultando la emergencia social que soporta el país que vio crecer una burbuja inmobiliaria hasta que explotó en la cara de todos con olor a corrupción putrefacta. Solo revienta ahora el silencio ante casos como el de Esther, que se olvidan al día siguiente en los informativos y demás medios (si es que salen). Se sigue mirando para otro lado ante el abuso bancario y sus rescates con dinero público y sigue en pie una Ley Hipotecaria que vulnera la legislación de la Unión Europea. Los datos no mejoran, por mucho maquillaje que le quieran poner: según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los desahucios que afectaron a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, aumentaron un 7,3 por ciento en el tercer trimestre de 2014, con 13.341 desalojos, con un promedio de unos 180 desahucios diarios.
El recién elegido primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha empezado su carrera contra el austericidio: los griegos le han elegido en masa para que no mire hacia otro lado. En medio del boicot económico que aplica Merkel y su tropa, Tsipras ha anunciado un programa urgente para hacer frente a la crisis humanitaria. Las primeras medidas, en marcha desde mañana, incluirán ayuda alimentaria, electricidad gratuita y pleno acceso a la sanidad de los más pobres (en Grecia hay en torno a tres millones de personas excluidas del sistema). Además, Tsipras ha confirmado que no permitirá que se ejecute la hipoteca de ninguna residencia que sea primera vivienda y que recontratará a los empleados públicos que fueron despedidos de forma ilegal. Comida, luz, calefacción, techo, trabajo y medicinas. ¿Hay algo más básico que esto en el mundo presuntamente rico del siglo XXI? ¿Y de dónde sacarán el dinero? Tsipras ha contestado: la reducción del personal de presidencia del Gobierno; el recorte de hasta el 50 por ciento de los asesores y personal contratado por los diputados en el Parlamento y otros tantos tijeretazos que ha detallado y que hasta ahora, bajo el mandato de la troika, iban destinados únicamente a la sanidad, la educación, los derechos mínimos y las clases bajas y medias. «La lucha contra la evasión fiscal y el contrabando de tabaco y combustible –que generan unas pérdidas de 12.000 millones de euros al año, en estimaciones de Syriza— también permitirá al Gobierno rellenar las arcas públicas», según informa María Antonia Sánchez-Vallejo en «El País».
En España, Podemos también se ha comprometido a aplicar un plan de urgencia para los desfavorecidos en caso de alcanzar el poder. Recordemos que el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo en los últimos años para no actuar (en todo caso para seguir favoreciendo a las grandes/inmensas fortunas y a la banca) ante esta emergencia nacional que les ha quemado las manos (y el nombre). Acabar con los desalojos forzosos sin alternativa y el reconocimiento del derecho al alquiler social están entre las prioridades del partido que lidera Pablo Iglesias, que se encuentra ahora (desde ayer y hasta el viernes) en el proceso para la elección abierta de los cargos autonómicos: la indignación va tomando forma política.
Esta Isla también conoce a fondo (sin máscaras) y desde hace tiempo la situación de emergencia que vivimos gracias al trabajo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: acumulan algunas victorias y daciones en pago (qué menos, el banco se queda con tu vivienda y desaparece la deuda: es la lógica más aplastante la que intentan arrebatarnos), pero hay aún demasiadas familias sufriendo este desamparo. El colectivo Stop Desahucios no descansa: el domingo se concentró en Zaragoza en memoria de Esther y de todas las víctimas del que llamaron «genocidio social silencioso» y «en defensa de la moratoria de desahucios, la política de realojo y el alquiler social». Recordaron además que #HayVidasEnJuego no es un eslogan publicitario. Esto tampoco lo es: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos» (Artículo 47 de la Constitución Española de 1978).
@anaharo0
