Marta Vidal en la sede de ASHOME

Las manifestaciones de la consellera Vidal a favor de la seguridad jurídica y los objetivos del reglamento de la Ley de Ordenación y Uso del Suelo para Menorca sintonizan con las peticiones de inversores, promotores y empresarios.

Más allá de desmarques puntuales, reuniones en Palma -de las que se informa siempre al Consell, por aquello de la lealtad institucional y porque es el mismo partido quien gobierna en la administración autonómica y la insular- o desacuerdos sobre estrategias de promoción, lo cierto es que la política turística de Menorca se decide y se marca actualmente desde la sede de la Plaça de la Biosfera de Maó. Joan Melis lo sabe y es consciente de que no puede transitar por la senda del desencuentro. Tampoco tiene sentido mantener la cuerda tensada de forma permanente porque la Isla tiene muchos retos que exigen unidad interior para reclamar fuera.

El presidente Tadeo ha tendido la mano y ha optado, desde el principio del mandato, por la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada como la fórmula eficaz para reactivar la economía insular. Es cierto que se ha demorado la Norma Territorial, pero ha sido aprobada con un amplio acuerdo con los agentes sociales. La oposición política aplica otros parámetros y otros ritmos.

Leyes, reglamentos y normas están para ser cumplidas y aplicadas en un Estado de Derecho. No cabe la excepción. La agilidad administrativa es deseable, pero con garantías para todos. En caso contrario, abriremos la puerta a la vía judicial.