La suspensión -y cierre- de actividades de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Menorca se empezó a gestar desde el mismo momento que fue suprimido el pago obligatorio de las cuotas a esta entidad centenaria. Entró en vigor el 3 de diciembre de 2010, el mismo día que la decisión del Gobierno apareció publicada en el diario oficial, o sea, el BOE.
Muchas cámaras advirtieron que la eliminación de las cuotas camerales implicaría la supresión de numerosos servicios y al mismo tiempo alertaron que podría suponer el cierre de las cámaras de comercio.
En Menorca, esta entidad, al igual que el Fomento del Turismo, nació en el seno del Ateneo de Maó. La cámara menorquina se fundó en 1906. En junio de este año, 110 años después, se ha visto obligada a cerrar sus puertas e interrumpir sus actividades porque carece de fondos, de recursos e ingresos ordinarios.
Magda Pons-Quintana, emprendedora y tenaz como su padre, desempeña la presidencia de la Cámara de Menorca desde hace diez años. Ha luchado para salvar la entidad, pero sabe que sin aportaciones que reanimen las arcas exhaustas, no será posible la continuidad. El año pasado logró una inyección extraordinaria de 20.000 euros, que aportó el Govern, pero la realidad es tozuda, y los empresarios menorquines, liberados de la obligación, no pagan la cuota. En el fondo, subyace otro debate: la Cámara de Comercio ha ido perdiendo fuelle en Menorca a medida que PIME-Menorca y CAEB se han consolidado e incrementado sus servicios.
El cierre de la cámara, que resulta inevitable, plantea la necesaria colaboración y coordinación de las dos organizaciones empresariales menorquinas, capitaneadas por Antoni Juaneda y Joan Melis. Están llamadas -no digo condenadas- a entenderse. Sentido común y más eficacia.
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