¿Tiene caldereta sin langosta?

El coste de la Justicia

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Un día de 1747 Federico II el Grande, tercer rey de Prusia y uno de los máximos exponentes del Despotismo Ilustrado, hizo realidad uno de sus sueños más queridos: inaugurar el Palacio de Sanssouci en Potsdam. Después de dos años de obras, el monarca podía disfrutar de una espléndida residencia privada donde relajarse lejos de la pompa y la ceremonia de la Corte de Berlín. Sin embargo, al poco tiempo, el rey vio perturbado su descanso por el ruido que producía un molino de viento cercano. Las ofertas de compra que le ofreció el viejo Fritz chocaron con la tozudez del molinero el cual no estaba dispuesto a vender a ningún precio. Desesperado por la arrogancia del súbdito, el monarca tuvo interés en conocerle personalmente. Tras una tensa reunión, el minúsculo campesino no cedió a las pretensiones del omnipotente rey. En ese momento, Federico II le dijo: «Pues lo tomaré por las malas». El campesino, sin apenas inmutarse, le dijo: «Señor, eso lo podríais hacer vos si no hubiera jueces en Berlín». Estas palabras demostraban que el molinero confiaba en los jueces de su reino pues sabía que el rey respetaría su ley.

El derecho a la tutela judicial efectiva constituye, sin duda, una de las garantías esenciales del Estado de Derecho. Cualquier ciudadano puede reclamar la protección de sus derechos ante Tribunales de Justicia que, dotados de independencia e imparcialidad, resolverán su petición mediante la aplicación de las leyes aprobadas por todos en las Cortes Generales. Esta decisión judicial deberá ser motivada y, en consecuencia, el Tribunal deberá especificar las razones jurídicas que le llevan a estimar o desestimar la pretensión interesada por el ciudadano. Su importancia llevó a que los constituyentes lo incluyeran dentro del catálogo de derechos fundamentales, esto es, derechos que vinculan a todos los poderes públicos, que no se pueden menospreciar por el legislador y cuya defensa podría fundamentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La Constitución de 1978, por tanto, colocó este derecho de acceso a la Justicia en el mismo plano de importancia que el derecho a la vida, a la intimidad o la libertad religiosa.

Este derecho de acceso universal a los Tribunales debe compatibilizarse con la sostenibilidad de la Administración de Justicia. Al igual que todo servicio público, cuenta con unos limitados recursos personales y materiales que deben aprovecharse de forma eficiente. En caso contrario, se producen disfunciones que repercuten negativamente en su normal funcionamiento. Los Tribunales civiles muchas veces tienen que resolver reclamaciones entre grandes compañías que apenas alcanzan quinientos euros. ¿No disponen estas empresas de otros mecanismos –arbitraje, negociación, mediación- para solucionar estas pequeñas controversias? Los Tribunales laborales resuelven una y otra vez conflictos entre trabajadores y empresarios que ya cuentan con un criterio uniforme establecido por la jurisprudencia. ¿Para qué litigar en estos casos si la resolución es previsible, ya sea en uno u otro sentido? En los juicios penales, es muy frecuente que el acusado, cinco minutos antes de iniciarse la vista, se reconozca culpable y acepte una pena inferior a la solicitada en un primer momento por el Ministerio Fiscal. ¿No sería más razonable propiciar esa conformidad del investigado desde el mismo momento en que se inicia el proceso y evitar, de esta manera, incurrir en gastos innecesarios? Finalmente, en el ámbito administrativo, los ciudadanos se ven obligados a litigar en larguísimos procesos contra la Administración a pesar de que existen indicios claros de su responsabilidad desde que se formula la reclamación administrativa.

Una de las tareas pendientes del Poder Judicial es buscar un equilibrio entre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la sostenibilidad del servicio público. Es cierto que todos tenemos derecho a acudir a los Tribunales al igual que el campesino que retó a Federico II de Prusia. Sin embargo, su utilización excesiva, unida a la escasez de medios personales y materiales, conduce al colapso de un sistema que tiene una misión clave en el mantenimiento de la paz social. La ineficacia del Poder Judicial provoca consecuencias indeseables pues –como decía Luis Vives hace muchos siglos- «desterrada la justicia que es vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unido a ella y vive por ella».