El proyecto de las escaleras mecánicas para conectar la ciudad y el puerto de Maó en Sa Costa de ses Voltes, promovido por el anterior gobierno municipal del PP de la alcaldesa Agueda Reynés, ha sido abortado por el equipo Ara Maó-PSOE que encabeza la alcaldesa Conxa Juanola, al apostar por un ascensor.
El consejo de administración de Autoritat Portuària de Balears no ha querido cuestionar el rotundo cambio de criterio -de las escaleras de Reynés al ascensor de Juanola- después de las elecciones locales celebradas en mayo de 2015 por «respeto a la autonomía municipal», según Joan Gual de Torrella, presidente de APB.
Pero la Administración es lenta, farragosa y complicada. Para instalar un ascensor de 21 metros, que partirá de una altura de siete metros en el interior del parque Rochina y llegará a la parte trasera del Claustre del Carme, a una altura de 32 metros, con un coste inicial de 700.000 euros, el Ayuntamiento de Maó debe modificar la delimitación de la unidad de actuación UA3 (Mirador del Claustre del Carme). Esta metamorfosis urbanística es, en realidad, una modificación puntual del Plan General al alterar, en su concepto y contenido, las prescripciones en vigor para esta zona urbana de Maó.
Estamos ante una operación urbanística de elevado coste -aún hay que cuantificar las expropiaciones a particulares- y larga tramitación administrativa, cuyo primer escollo son las alegaciones presentadas por el Grupo Popular, hoy en la oposición, y con un previsible aterrizaje en el Juzgado de lo Contencioso. Es el momento de valorar el impacto de este ascensor, proyectado en un enclave estratégico de la zona portuaria, sobre el skyline que identifica la imagen de Maó, sobre todo para todos quienes llegan en barco.
Avanza rápido el mandato y este ascensor llamado a resolver los problemas de conexión y movilidad ciudad-puerto suscitará controversia en los próximos meses.
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