Habituado a colocar medallas, presidir actos y reuniones protocolarias en representación del Estado y guardar un decoro consuetudinario a su cargo, Javier López Cerón se significó ayer alzando la voz en el acto de la Patrona de la Guardia Civil.
Si en anteriores comparecencias se había referido con énfasis a la unidad de España y al papel fundamental de las fuerzas y cuerpos de seguridad como garantes de las libertades y derechos de todos los ciudadanos, ayer fue más allá.
El que fuera comandante de la Base Naval de Maó cargó contra las instituciones insulares y balears, especialmente las gobernadas por los pactos de izquierda. Les reprochó que no condenaran el acoso ruin a los policías y guardias civiles destinados o comisionados en Catalunya, de la misma manera que habían elaborado con celeridad comunicados de reprobación por sus intervenciones en algunos de los colegios dispuestos para el referéndum ilegal.
Prescindiendo de la oportunidad de su discurso en una coyuntura tan alterada, su contenido ajusta una consideración de lo más real. Si algunas actuaciones de los agentes resultaron desproporcionadas por el uso de una violencia excesiva, en réplica al incumplimiento prolongado de la legalidad constitucional, también deberían valorarse las vejaciones sufridas por los agentes y sus familias durante los días posteriores.
Que una institución condene públicamente aquella intervención legitimada por su desmesura, en algunos casos, y boicotee actos de un cuerpo policial para exhibir su rechazo, es una postura con la que, seguro, muchos estarán de acuerdo. Sin embargo, pierde credibilidad si días después no hace lo propio con las vejaciones que recibieron los agentes y sus familias. Todos, unos y otros, son personas.
