Esta debía ser la legislatura más comprometida con el avance en el bienestar social de las personas, independientemente de los límites que les impongan sus recursos, porque así se detallaba en los programas electorales de las formaciones que finalmente accedieron al poder ejecutivo en el Archipiélago.
Aunque las cifras puedan ser interpretativas, la consellera balear de Servicios Sociales, Fina Santiago, destacaba el martes que durante los 27 meses de mandato se han incorporado ya al sistema de ayudas en Menorca 431 personas, mientras que con Bauzà se incluyeron solo 300 en sus cuatro años al frente del anterior Ejecutivo autonómico.
El número de beneficiarios que reciben prestación relacionada con dependencia en la Isla, bien económica, con plaza en centros de día o en geriátricos, se sitúa actualmente en 1.821, cuando en 2015 era de 1.390. El avance es cuantificable aunque la cifra de solicitudes presentadas es superior y muchas se encuentran en trámite.
La preocupación más latente aparece en la lista de espera para obtener plaza en residencias geriáticas. Todavía hay 220 personas que esperan poder acceder a una de ellas y 220 personas mayores en un lugar como Menorca son demasiadas para que aguarden un lugar digno donde pasar sus últimos años de vida con la atención que precisa su estado dependiente.
La Isla, por tanto, no cubre la demanda generada que irá en aumento a medida que pasen los años por el inevitable envejecimiento de la población, más acusado aquí que en las otras islas. Hay proyectos para levantar un geriátrico en Ferreries, otro en el cuartel de Santiago, de Maó, e incrementar el número de plazas en el de Sant Lluís. La ejecución de estas obras imperiosamente necesarias todavía no abastecerá con suficiencia las necesidades que genera, fundamentalmente, la tercera edad en Menorca. Esa continuará siendo una cuestión de capital importancia hoy, mañana y siempre hasta que la población dependiente tenga garantizado su futuro.
