Cuesta horrores entender que una obra pública de nuevo cuño inicie su uso general sin disponer de la homologación pertinente para alguna de las funciones prioritarias que motivaron su construcción.
Sucede a menudo con instalaciones deportivas que, una vez inauguradas, carecen de la homologación federativa necesaria para poder validar marcas o albergar competiciones nacionales e internacionales. Los ejemplos están próximos. La pista de atletismo de Maó estrenada en 1986 tardó 13 años -13- en ser homologada por primera vez por la Federación Española, aunque posteriores reformas precisaron una segunda homologación en 2010 y, por tanto, otro intervalo sin estar acreditada. O sea, que no servía para validar registros de las competiciones atléticas que allí se celebraban limitando su utilización a pruebas domésticas y entrenamientos, en cualquier caso, un adelanto excepcional para los atletas de distintas generaciones que han podido disfrutarla.
Otro tanto, aunque con menor tiempo transcurrido, ocurrió con el velódromo Palma Arena, levantado en 2007, en la época de Jaume Matas que tantos dividendos proporcionó a políticos corruptos del PP y gestores de entonces doblando el coste del presupuesto inicial. Aunque el recinto deportivo obtuvo permisos puntuales para algunas competiciones, la UCI no lo homologó hasta el 2011.
Fuera del ámbito deportivo ha salido hace unos días a colación, gracias a la proposición no de ley presentada por la formación Mes per Menorca, el helipuerto del Hospital Mateu Orfila. Con casi once años de vida, resulta que solo puede ser empleado para casos de extrema urgencia puesto que no está legalizado al no reunir las medidas de seguridad exigidas. ¿Para qué se hizo un helipuerto en el Hospital si tiene un uso tan limitado y los traslados deben hacerse obligatoriamente a través del aeropuerto?. El mismo trabajo se duplica y el coste crece. Cuesta horrores entenderlo.
