La Asociación de Geógrafos Españoles hizo público recientemente un informe sobre el despilfarro de dinero público en infraestructuras innecesarias, abandonadas, mal programadas, infrautilizadas o no usadas en absoluto, como es el caso de la aportación menorquina al estudio: la desaladora de Ciutadella. Un mapa de la vergüenza, el que nace de la sensación de que el dinero de todos no vale nada, en el que se habla de millones de euros como si tal cosa, como si pudiéramos permitirnos seguir pagando 12.000 euros al mes en el mantenimiento de la citada desaladora cuando luego no hay dinero para becas, sanidad, o tantas otras cosas.
La aportación de Balears a esa geografía del gasto sin sentido es modesta, si es que se puede calificar así, aparecen en la lista negra la desaladora, con 55,2 millones de euros invertidos pero sin conducción del agua hasta los depósitos de distribución; el Palacio de Congresos de Palma, 140 millones, y el Velódromo, 110 millones. Entre 1995 y 2016, el periodo analizado en el informe, otras comunidades han sido campeonas del exceso, llama la atención Cataluña, con 9.160 millones, seguida de Madrid, con 7.723 millones. Porque no solo la Administración central ha derrochado, con aeropuertos prescindibles y lineas fracasadas del tren de Alta Velocidad como la de Sevilla-Antequera, sino que autonomías y municipios también se subieron al carro de las obras ineficaces, muchas veces con ayuda de fondos europeos, y luego nos extrañan los toques de atención de Bruselas, poco fiscalizan.
El estudio de estas dos décadas de la Asociación de Geógrafos también llega a una conclusión importante: este sobrecoste puede ser llana y simplemente ineptitud de las administraciones pero lo más habitual es que esté ligado a la corrupción, ese salirse del presupuesto es el engranaje en el que encaja el saqueo de los presupuestos de todos que ya estamos hartos de sufrir.
