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El coral rojo es una de las señas de identidad del Mediterráneo, incluido en el catálogo de las especies en peligro de extinción, codiciado, especialmente el de color rojo intenso, por el sector de la joyería. Su uso viene de antiguo, distintas civilizaciones del Mare Nostrum lo han utilizado como ornamento o le han conferido poderes de amuleto. Expediciones arqueológicas han documentado la pesca coralera durante el siglo XVIII en el puerto de Sanitja. El problema es que la recolección artesanal ha pasado a la actual, con las técnicas de submarinismo mucho más desarrolladas, y de ahí a la sobreexplotación y también a la extracción furtiva; como siempre, no miramos más allá de nuestro disfrute momentáneo sin ver el desequilibrio causado salvo cuando ya estamos al borde de lo irremediable.

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El Govern ha dado un paso importante en la protección de este animal marino, reduciendo drásticamente el número de permisos de 12 a 2 y solo en aguas mallorquinas, ya que en las de Menorca queda prohibido al no alcanzarse la profundidad mínima exigida de 50 metros. Pero en realidad Medio Ambiente solo puede actuar en las aguas autonómicas y no en las exteriores o estatales, como resultado la protección –en todo caso positiva–, es incompleta. De hecho se reconoce desde la Dirección General de Pesca que tradicionalmente ha habido pocos coraleros en Balears, así que otros procedentes de comunidades limítrofes están esquilmando los recursos de las islas. Las medidas tomadas en Cataluña para proteger sus colonias de coral, por ejemplo, han generado una mayor presión sobre las aguas del archipiélago. Es necesario actuar de forma conjunta, cuando se trata de proteger los fondos marinos, de nada sirven las divisiones administrativas y competenciales. Si Balears reduce al mínimo los permisos pero el Ministerio de Pesca puede conceder más autorizaciones en aguas exteriores de las Islas, el coral rojo seguirá en peligro.