Asumimos que la medicina nos cura pero tiene riesgos, por corto que sea el tratamiento o leve la intervención, siempre puede tener efectos no deseados. Nos ponemos en manos de los médicos, la técnica y la farmacología y de hecho, los avances son espectaculares, de ahí nuestra mayor esperanza de vida. Pero lo que no sabíamos es que cuando productos sanitarios como implantes, prótesis, marcapasos o anticonceptivos tan extendidos entre las mujeres como el DIU presentan defectos, causan graves daños a la salud, requieren ser extraídos o incluso llegan a provocar muertes, los protocolos de comunicación entre las autoridades sanitarias no funcionan con la agilidad y la interconexión que deberían.
Lo hemos sabido ahora por el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y su trabajo «The Implant Files», que ha puesto en entredicho las deficiencias en las alertas y apunta que los problemas suelen darse antes de que un determinado producto esté en la lista oficial que advierte de sus deficiencias, a menudo cuando es el propio paciente el que ha comenzado a sentirse mal y acude a la consulta. En el caso del dispositivo intrauterino Essure –uno de los implantes que se analizan–, solo una vez retirado del mercado la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios reveló que había contabilizado cerca de un millar de incidentes con el dispositivo, según denuncia este informe. Falta información, en la mayoría de los casos no hay acceso público a esas listas de productos que cesan de comercializarse o funcionan mal. Balears se salva entre las comunidades autónomas, el trabajo periodístico así lo destaca, ya que publica todas las alertas de productos sanitarios en la web de la Conselleria de Salud, 192 en 2018. Los incidentes sanitarios deben comunicarse rápidamente y las administraciones tienen que tomar medidas y ser transparentes. Los pacientes tenemos derecho a saberlo todo, no podemos ser conejillos de indias, sometidos a las presiones de la industria.
