La legislatura ha acabado «y no han hecho nada». Ese fue el lamento de los representantes de la Asociación Infancia Robada durante su última entrega de firmas en el Congreso para exigir que se amplíen los plazos de prescripción de los delitos de pederastia, y evitar así que los depredadores sexuales se vayan de rositas, sin castigo. Han presentado miles de apoyos ciudadanos para promover la reforma del Código Penal y que los plazos para la prescripción de esos delitos empiecen a contar a partir de los 50 años de la víctima, y no los 18 como actualmente.
En España para denunciar estos hechos el tiempo se acaba a los 33, quince años después de cumplir la mayoría de edad para los casos más graves y a los 23, solo cinco años después de los 18, para los considerados leves. Es insuficiente. Cada vez hay más países en los que los abusos sexuales a menores no prescriben nunca. De hecho, la entidad que ha promovido esta campaña, entre la que hay adultos que fueron abusados de niños, advierte de las dificultades a las que se enfrentan estas personas para llegar a hacer pública su pesadilla y denunciar a quienes les arruinaron su vida. Porque si hay algún delito nauseabundo sin duda es este, que destruye la etapa de la inocencia y dejará una huella imborrable, difícil de superar, en las víctimas, sometidas y dañadas física y psicológicamente cuando son más vulnerables. Con mucha razón la asociación se denomina infancia robada, porque nunca la recuperarán. Los casos se multiplican, salen a la luz en distintos ámbitos: colegios, instituciones religiosas, clubes deportivos e incluso en la familia, que debiera ser protectora. No imagino lo terrible que puede ser que tus propios padres o abuelos te arrastren a ese infierno.
Si los delincuentes no son juzgados nunca entrarán en ficheros, su certificado de delitos de naturaleza sexual estará limpio, podrán trabajar y acercarse a más niños. Urgen los cambios que reclaman las víctimas de pederastia. Esto no es una multa o la declaración de la renta.
