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La Oficina Insular de Vivienda ha cumplido un año como servicio de acompañamiento en un camino cada vez más laberíntico, cuando debería ser una línea recta y sin obstáculos, porque así está en la Constitución, «el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Sin embargo, y después de la dura crisis de las hipotecas, ahora tal y como están los alquileres a muchas personas no les da el sueldo para tener techo, comer y pagar facturas, esa es la realidad. Por ello la Oficina ha venido a cubrir un hueco, ha centralizado la información especializada y aunque el Consell no regula esta materia, asume la responsabilidad de orientar a los menorquines. La primera memoria de actividad ofrece datos interesantes, algunos esperados, como que el alquiler sea la primera causa de consulta, otros no tanto, porque la mayoría de los que piden asesoramiento son españoles.

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Se rompe el cliché de que el necesitado de apoyo siempre es el de fuera y se constata que muchas personas acuden para aclarar dudas y no son conscientes de necesitar la ayuda social, lo descartan como un recurso ‘in extremis’ o simplemente desconocen cómo beneficiarse. Las ayudas existen pero muchas no llegan a quienes las necesitan, por desconocimiento o por lo complicado del papeleo.

Otro dato que inquieta es que un 7 por ciento de las personas atendidas en la Oficina fueron mayores de 65 años; los expertos de este servicio alertan del riesgo de exclusión que esto puede suponer. Ambos problemas creo que confluyen. En tiempos de internet creemos que todo el mundo tiene acceso a la información y que una mayoría navega sin problema y encuentra el recurso que necesita por los vericuetos de las webs institucionales, pero no es así, especialmente en el caso de los mayores. Al final la tecnología crea una brecha y desigualdades entre los usuarios, por eso es importante ofrecer también el trato humano y las explicaciones como es debido, en una simple oficina.