Con unas declaraciones intempestivas, la ministra de Educación en funciones y portavoz del Gobierno Sánchez afirma que la elección de centro no es un derecho constitucional. Isabel Celaá elude las tres sentencias del Tribunal Constitucional que avalan este derecho al enlazar la libertad de los padres con la elección del colegio.
Porque el artículo 27 de la Constitución, tras reconocer "la libertad de enseñanza", determina que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones".
No con los de la señora Celaá, que ha pretendido desvincular ambos derechos con un ataque a la educación concertada.
Lo más sorprendente es el marco escogido por la exconsejera de Educación del Gobierno vasco para dar a conocer lo que desde la concertada han recibido como una "Pearl Harbour educativo".
Efectuó las declaraciones en el Congreso de Escuelas Católicas.
Marc González, asesor jurídico de los centros concertados en Balears, afirmó que "vino a nuestra casa y nos declaró la guerra allí mismo".
¿Es autora responsable la ministra Celaá de unas manifestaciones imprudentes?, o nos hallamos ante un guiño político a Unida Podemos para afianzar el preacuerdo que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, acuciados ambos por la pérdida de votos y escaños en las inhóspitas elecciones del 10-N.
En contra de lo que dijo la portavoz gubernamental, la Constitución y el Tribunal Constitucional avalan un derecho que pretende negar Celaá. Reabre un debate ya resuelto, pero en estos tiempos agitados y de tantas incertidumbres genera inquietud gratuita entre las familias que, en el ejercicio de sus derechos y libertades, optan por la escuela concertada.
Una semana después, persisten las dudas abiertas por la ministra.
El Gobierno, aunque en funciones, debe rectificar.
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