A medida que se recupera la actividad afloran los efectos colaterales de la pandemia, más allá de los inmediatos en el terreno sanitario y el económico, los más graves y trascendentales. Nos referimos al coste añadido que debe soportar el presupuesto familiar para hacer frente a la compra de mascarillas o la llamada ‘tasa COVID’, el suplemento que determinados establecimientos y servicios aplican para hacer frente a la prevención y desinfección.
Es preciso estar atentos a los posibles abusos que se puedan perpetrar con estos suplementos, perfectamente legales. Porque cumplir con las exigencias de la normativa que se aplica para evitar los contagios genera sobrecostes, que acaban repercutiendo en los precios finales de productos y servicios. En el actual contexto de recesión que afecta tanto a empresas como a trabajadores, el Gobierno debería mostrar una mayor sensibilidad mediante rebajas en el IVA de determinados productos, pero no ha sido así.
Al mismo tiempo, muchas firmas y establecimientos se someten a examen con esos suplementos. Los usuarios no aceptarán un uso fraudulento de este concepto para encarecer los precios de manera injustificada.
