Tengo instalada en mi teléfono móvil la aplicación Radar Covid. Me la descargué obedientemente el mismo día que se anunció que se activaba en Balears y las autoridades sanitarias pidieron una descarga masiva, para así ayudar al rastreo y control de la enfermedad. Desde entonces y hasta la fecha su mensaje ha sido tranquilizador: «Exposición baja. Te informaremos en el caso de un posible contacto de riesgo».
Pero mi paz se rompió en el momento en que una muchacha positiva narró sus peripecias en Twitter y se quejó de que nadie le había facilitado, durante su recorrido de pruebas y serologías, ningún código de diagnóstico para insertar en su teléfono. Porque la aplicación funciona primero si todo el mundo se la descarga; segundo si se activa el bluetooth para que se conecte con los móviles de alrededor y detecte la amenaza; y por último y lo más importante, si el contagiado tiene a bien comunicar su positivo –nos aseguran que con el debido anonimato, protección de datos, respeto a la intimidad…–, introduciendo ese código que debe proporcionarle su rastreador de cabecera, el que se dedica al seguimiento de su salud y de sus movimientos.
Si no se inserta ese código, porque no se dispone de él o porque a la persona en cuestión no le da la gana, toda la cadena de información se va al garete. Al margen de pros y contras tecnológicos sobre la app desarrollada por el Gobierno, lo cierto es que es una herramienta que muchos no usarán, por insolidaridad, por recelo o por miedo. Quizás por eso Salud ha optado por el método más tradicional de pasar la lista de las personas que deben guardar cuarentena o aislamiento obligatorios a la policía. El sindicato SUP duda de la constitucionalidad de esa resolución y además, la cuarentena forzosa requerirá la autorización de un juez. La tecnología es fundamental, pero un control eficaz siempre acabará dependiendo de la responsabilidad y voluntad de cada individuo.
