La incapacidad que han demostrado las administraciones para adaptar las restricciones a la realidad sanitaria local ha sido una constante desde el 14 de marzo. Menorca ha sido la víctima del «café-covid para todos». Los gobiernos han llegado a la conclusión de que es mejor pasarse de restrictivo que no quedarse corto en las prohibiciones, sin valorar las consecuencias, y además han comprobado que la opinión pública acepta la pérdida de derechos sin casi rechistar. Con todo ello, Menorca ha sido gravemente perjudicada.
Las medidas pueden ser contundentes en los momentos críticos, pero se debería haber reaccionado de forma más rápida y mejor cuando las datos sanitarios nos permitían estar en una fase distinta, de libertad y de actividad económica.
Por eso la idea conceptual que la presidenta del Govern, Francina Armengol, nos vendió el jueves, sobre que «a cifras diferentes, decisiones diferentes» era una entelequia hasta ese mismo momento. Ni se anticipó la desescalada, ni plan piloto, ni una sola acción política específica para Menorca en seis meses. Sinceramente, su idea del «federalismo interinsular» es un chiste malo sobre la pésima forma de repartir el poder y la capacidad de decidir en esta autonomía que desprecia a la isla más débil.
Ahora cuando volvemos a ser la isla con mejores condiciones sanitarias, con diferencia, uno de los lugares más seguros y sanos de España, solo nos permiten que nuestros ancianos puedan salir de las residencias, a lo que no quito importancia. El resto sobre las terrazas y los mercados a penas tiene incidencia real.
Ni un solo cambio en los centros escolares, sometidos a un régimen impropio de un sistema educativo de calidad. Ni una sola medida específica para dinamizar la economía insular, más allá de buenas intenciones para el corredor seguro. Necesitamos que los hechos avalen las palabras y que las promesas maduren. Es la hora de la cosecha.
