El sábado pasado comenzó una desescalada muy prudente en Menorca, retrasada hasta hoy a efectos del sector de bares y restauración. Tan tímida que con poner la etiqueta ‘reforzado’ al nivel 2, este nada tiene que ver con la situación y las restricciones covid que se aplicaron en otoño. El objetivo, se insistió desde el Consell y el Govern, es salvar la próxima temporada turística, sostener la baja incidencia de la enfermedad, llegar a mayo por debajo de los 50 casos por cada cien mil habitantes. Los políticos, muchas veces sobrepasados por esta pandemia, se escudan en los expertos sanitarios y estos recomiendan ir despacio.
Ahora todo ese esfuerzo se tirará por la borda si se permite entrar sin una prueba negativa a viajeros procedentes de comunidades y países cuya situación epidemiológica es bastante peor que la de Balears. Ocho regiones presentan una incidencia acumulada a 14 días por debajo de 150 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, han mejorado, pero prácticamente triplican el objetivo que se nos vendió para permanecer, por ejemplo, con un toque de queda -o limitación de la movilidad, el eufemismo para un recorte de libertad-, a las 10 de la noche; o para continuar asfixiando a determinados sectores. Pero esa incidencia, aun siendo mucho peor que la de Menorca (la Isla se sitúa en torno a los ocho casos por cada cien mil habitantes), no impedirá a ciudadanos de esas comunidades, con más de cien casos la mayoría, entrar sin necesidad de una PCR negativa, como se exige desde diciembre. Balears defendió la necesidad de esos controles en puertos y aeropuertos, y ahora, en consonancia con el esfuerzo extraordinario que está reclamando de sus ciudadanos, tendría que defender ante el Ministerio de Sanidad que siga esa vigilancia, que lleguen visitantes, por supuesto, pero con la seguridad que da un diagnóstico previo o al llegar, aun sabiendo que puede haber grietas. De lo contrario, ¿cómo se argumenta ese nivel 4 de restricciones disfrazado de 2?
