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Hay cansancio, tanto entre los políticos a quienes les toca defender las medidas sanitarias sin ser expertos, como en los empresarios que deben acatarlas un mes más y por supuesto en los trabajadores. Febrero se cerró con 1.855 cotizantes menorquines incluidos en un Expediente de Regulación de Empleo, pendiendo de un hilo, como los fijos-discontinuos que cobran una prestación extraordinaria o los autónomos que siguen pagando cuotas sin tener ingresos. 6.202 parados a comienzos de año, cifra que no se veía desde 2014. La presidenta Susana Mora y el conseller balear Miquel Company contaron en su última comparecencia con el apoyo de Marga Frontera, la asesora del Govern para la desescalada, para así cargarse de los argumentos técnicos sobre la pandemia que aconsejan seguir como estamos, con el freno pisado y el hospital, afortunadamente, casi vacío de covid-19. Tampoco los sindicatos se ponen de acuerdo, UGT pide una reunión urgente del consejo económico y social, algo que tampoco podrá aportar novedades a un debate ya repetitivo, pero es cierto que toca ya hablar de empleo y reactivación, si los datos sanitarios lo permiten. Empieza a reclamarse en las calles y en los balcones, donde antes había aplausos ahora suenan, aún tímidas, cacerolas por el toque de queda.

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El dilema siempre es el mismo, si será mejor tomarse ahora el aperitivo de una Semana Santa que, gracias a los cierres de autonomías, se prevé más que floja; o si se espera al plato principal que será el verano, aunque empiece con retraso, para así encadenar unos meses de respiro y actividad económica. Y la duda razonable también se repite, mientras Mallorca se prepara para recibir alemanes con los brazos abiertos, en la concentración de restauradores indignados se verbalizó la sospecha de que el Govern no permitiría que esto sucediera a la inversa, de que vamos a remolque, esperando a que otros hagan negocio y nos dejen las migas.