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No sé si es casualidad que el mismo día que nos dicen que desaparece el libro de familia, sustituido por un registro electrónico, nos enteramos de que entre los planes del Gobierno para recaudar más ha decidido eliminar la declaración conjunta del IRPF. Luego se da cuenta de que todavía no habían pasado las elecciones de Madrid y dice que no, que esperará la opinión de los expertos, pero es un aviso a navegantes, la reforma está en camino.

Las dos cosas coinciden en el tiempo y tienen antecedentes comunes. El IRPF lo implantó en España Francisco Fernández Ordóñez, dos veces ministro con Adolfo Suárez y una con Felipe González, y la ley del divorcio, imprescindible en un país avanzado, también. En aquellos tiempos los ministros eran elegidos por su capacidad e inteligencia, entiendo a los nostálgicos de la Transición si lo comparan con los ministros, las ministras y les ministres que tenemos ahora.

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También es cierto que la tasa de fertilidad en España es la segunda más baja de Europa y que el número de divorcios se multiplica. Hay una cierta relación entre la derogación de uno de los símbolos de la familia, base de la estructura social, y el sablazo fiscal que prepara el Ejecutivo de Sánchez. Parece todo inspirado en la comuna de Platón, los hijos no tienen que conocer a sus padres, lo importante es que de mayores trabajen y paguen al fisco, la familia no puede ser excusa para para tributar menos.

Realmente no es que paguemos pocos impuestos, tenemos una presión fiscal normativa un ocho por ciento superior a la media europea y los empleadores, las empresas, soportan más costes laborales que la media de la OCDE. No debería castigarse la declaración conjunta del IRPF, que es la solidaridad de un sueldo repartido entre dos, si no hay más declarantes es porque no hay más empleo, la familia no es la culpable.