No se le podrá reprochar al Ayuntamiento de Ciutadella que esté dejando pasar el tiempo para buscar soluciones que reduzcan los excesos de Sant Joan, su conocida masificación y la deriva peligrosamente macarra por la que se desliza desde hace años.

Después de las penosas imágenes de las no-fiestas de la última edición y una vez neutralizada la crisis que cercó al equipo de gobierno municipal por su inacción cuando Es Pla y el centro se llenaron de miles de jóvenes y adolescentes obviando las normas sanitarias, han comenzado ya los encuentros con organismos públicos.

Sin embargo el resultado de la primera reunión con Ports de les Illes Balears, un eslabón clave en el desembarco de la muchachada mallorquina en Ciutadella, resultó decepcionante. Ni se puede prohibir que las navieras programen más frecuencias ni limitar el desplazamiento de las personas, incluidos los menores de edad si tienen más de 14 años.

Quienes veían en la autoridad de Ports un camino a explorar para poner puertas al campo, deberán ir a otra ventanilla. Ahí no está la solución por más que del encuentro saliera la indicación a las navieras para que hagan campañas de información más ajustadas a la realidad histórica de la fiesta, algo que no servirá de nada para quienes solo están interesados en la juerga y el alcohol.

Combatir la fama que ha alcanzado Sant Joan y le ha llevado a lo que es hoy resulta una tarea harto complicada para cualquier institución responsable. Ya no es una fiesta local, está claro. El Ayuntamiento y el Consell han de insistir a Govern y Estado para que multipliquen los recursos que le den la seguridad suficiente, controlar aforos reduciendo la capacidad de los actos tradicionales e incrementar efectivos en todos los cuerpos policiales. No se trata de convertir Sant Joan en un estado policial, pero sí de trasladar a la gente que los desmanes tienen consecuencias si hay control y vigilancia para advertirlos.