El interminable proceso para confeccionar la bolsa de bomberos interinos del Consell no ha finalizado a efectos prácticos aunque el curso de formación concluyó en junio. Se cumplirán en breve tres años desde que se anunciara la convocatoria de la oposición para los aspirantes a cubrir 12 plazas del bolsín, que finalmente fueron 18, pero a día de hoy solo 5 de los nuevos profesionales se han incorporado a los parques de Maó y Ciutadella pese a que quedan aún, al menos, 5 plazas más sin cubrir.
Después de la convocatoria a la que han sucedido recursos, covid e impugnaciones que han ralentizado aún más la irritante burocracia administrativa, resulta que los bomberos interinos amenazan con llevar al Consell ante los tribunales si no se les contrata. Y sus argumentos, en parte, están aparentemente justificados.
Han superado una exigente oposición y más de 600 horas de aprendizaje. Las 5 vacantes están dotadas presupuestariamente, y además, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios funciona con 34 bomberos semiprofesionales, que tienen otra ocupación. Su coste asciende a casi 300.000 euros anuales mientras los profesionales formados aguardan su turno sin trabajar.
Que después de tanto tiempo transcurrido no se haya previsto que en junio ya habría bomberos formados para cubrir de inmediato las plazas vacantes, y que su exigida contratación dependa todavía de un informe de intervención, de que se justifiquen y se puedan asumir, resulta de difícil comprensión.
No es de extrañar que el actual jefe de bomberos haya pedido por escrito a la consellera de Cooperación, Cristina Gómez, y responsables de la institución insular, que asuman su responsabilidad y las consecuencias que se deriven en caso de que ocurra un gran siniestro que no pueda ser atacado con la seguridad exigible. Hay bomberos y hay vacantes para evitarlo, por tanto Consell y Ayuntamientos que mancomunan el servicio no pueden demorar la respuesta.
