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El Régimen Especial de Balears aprobado por PSOE y Unidas Podemos en febrero de 2019, en la mesa del Consejo de Ministros, determina y afirma que «las desventajas de la insularidad de Balears deben ser corregidas mediante la acción del Estado a fin de establecer un justo y adecuado equilibrio económico interterritorial». O sea, estamos hablando de economía.

El REB no se había aplicado hasta ahora. El recurso judicial    contra los Presupuestos del Estado que en marzo aprobaron PP, Ciudadanos, Més y El PI para que el REB no quede en una mera declaración de intenciones puso contra las cuerdas a las dos formaciones que lo habían redactado y votado. Por cierto, PSOE y Unidas Podemos no hicieron ascos a los votos de Vox, único partido de la oposición que les apoyó en el Parlament para evitar, infructuosamente, que no prosperase este recurso.

Y en septiembre vino la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para anunciar que a partir del 2022 el Gobierno de España empezará a pagar el 'factor de insularidad', uno de los compromisos del REB de 2019.

Hay más: las medidas fiscales, que tampoco se han aplicado. Y el PP logró ayer una victoria política relevante al lograr en el Senado que saliera aprobada su iniciativa para que estas normas de naturaleza tributaria sean concretadas, desarrolladas y ejecutadas. El PSOE evidenció su soledad política y su error de estrategia al ser el único partido que votó en contra de la misma propuesta que en 2019 acordaron Pedro Sánchez y Francina Armengol. Un gol por la escuadra que movilizó a la plana mayor del PP balear, encabezada por Marga Prohens, arropada en Madrid por el senador Cristóbal Marqués y también por Misericordia Sugrañes. «No son beneficios para las empresas de Balears, sino que puedan producir y competir en igualdad de condiciones que las peninsulares», declaró Sugrañes desde el Senado. Es el justo y adecuado equilibrio económico para Balears.