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No anda muy resolutiva que digamos la Conselleria balear de Memoria Democrática del Govern en la elaboración del censo de víctimas de la Guerra Civil y represaliados del franquismo.

Aunque su máximo responsable, el secretario autonómico Jesús Jurado, haya pedido tranquilidad tras conocerse que el Govern ya cuenta con una relación de 2.077 víctimas, el efecto está resultando el contrario.

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El contenido de esa lista desliza una indisimulable inclinación hacia los caídos en el bando republicano porque ese fue el trabajo exclusivo encargado a los historiadores que lo elaboraron y entregaron hace ya más de dos años. En ese tiempo no se han añadido más nombres a la lista que, por tanto, continúa sin contemplar a ninguna víctima del Frente Popular, entre otras cosas porque a la vista de los hechos, ese trabajo aún no está solicitado, al contrario de lo que sí ha hecho ya el Ejecutivo de Susana Mora en el Consell.

Seguramente Jesús Jurado esté en lo cierto cuando admite que hay una prioridad con las personas que estuvieron «85 años sin ninguna reparación», frente a las que sí la tuvieron durante el régimen de Franco.

Al respecto el catedrático emérito de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Sisinio Pérez Gascón, recordaba en «El País» hace cinco días que el Estado lleva destinados 21.748 millones de euros como desagravio y resarcimiento a más de 700.000 personas entre familiares de víctimas republicanas, soldados, militares, presos de la dictadura, funcionarios y mutilados, todos ellos del bando popular desde 1978 hasta 2020. Son datos políticamente necesarios, dice el historiador, para abordar las tareas pendientes con un conocimiento preciso de lo realizado hasta ahora, por más que sean incompletas. Quizás en la Conselleria desconozcan estas cifras a la hora de justificar sus prioridades aunque un resarcimiento económico no devuelva penurias y desagravios de la guerra y la dictadura.